Golpe de estado al control obrero y saqueo en la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos

Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Ecos 93.9, Red Bolivariana de Estudiantes, Colectivo Ecologista Tatuy



Sincreba pone fin de manera violenta al control democrático de la planta por parte de los trabajadores, con la participación de los cuerpos policiales. En pleno auge de la propaganda socialista, las autoridades que se pintan de rojo son incapaces de disimular su política antiobrera.

Lamentablemente las armas de la razón nada pueden contra la razón de las armas. La mañana del lunes 19 de noviembre, en una operación conjunta en la que participaron mercenarios armados, efectivos de la policía regional del estado Mérida y la empresa privada de aseo urbano Urbaser, fue saqueada la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida. La acción fue coordinada por el abogado de Sincreba, Richard Uranga, quien ha compartido estos servicios con los cargos de profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y Asesor Jurídico del Consejo Municipal de Sucre (Consejo con mayoría chavista).

Pese a que los trabajadores lograron que la concesión otorgada a Sincreba para la administración de la planta fuera revocada el 23 de Octubre, hecho difundido ampliamente por la prensa regional, efectivos de la policía regional, adscrita a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Mérida, colaboraron directamente en el robo de equipos y maquinaria, reprimiendo y coaccionando a los trabajadores que trataron de impedir la acción delictiva. Para la acción se utilizaron, además de los camiones de Sincreba, unidades de transporte de la compañía española Urbaser. Urbaser goza, a su vez, de una concesión otorgada por la alcaldía de Libertador para administrar bienes e instalaciones que son propiedad del Estado, y para explotar a los trabajadores del aseo urbano. Entre esos bienes públicos administrados por Urbaser se encuentran las unidades de transporte utilizadas en el saqueo de la planta. Como vemos, a 8 años de revolución bolivariana, el Estado sigue afilando el cuchillo neoliberal para su propio cuello.



A pesar de que el criterio establecido por el Síndico Procurador de Libertador fue que todos los bienes que se encontraban en la planta eran propiedad del Estado hasta que se demostrara lo contrario, en vista de que han sido adquiridos con dineros públicos; y a pesar de que Sincreba no tiene ya relación legal con la planta, la policía asistió este saqueo de bienes públicos. Los trabajadores intentaron durante largas horas impedir el desmantelamiento de la planta, pero fueron finalmente desalojados por los grupos policiales y parapoliciales. Pese a las denuncias formuladas ante las autoridades, no hubo intervención frente a los criminales: “Nosotros llamamos a diputados, llamamos a los alcaldes y ellos no nos atendieron las llamadas y nadie se apareció por aquí. También llamamos a la Disip, vinieron dos y dijeron que tampoco podían hacer nada. Nosotros trancamos la vía para que no pasaran los camiones de Urbaser, ni para dejar pasar las maquinarias y (los policías) nos amenazaron” (Testimonio de Sonia Mejías, dirigente obrera).

(http://www.diariofrontera.com/noticia.php?action=show&type=news&id=43913)

La noche del lunes, el grupo armado se presentó nuevamente en la planta para continuar sustrayendo bienes, y durante la acción capturó y sometió a torturas al trabajador Alexander Carmona, quien se encontraba en la planta. Carmona fue golpeado salvajemente y apuñaleado, y actualmente se recupera de las lesiones.



Al día siguiente, los trabajadores bloquearon el acceso de los camiones de basura a la planta, por primera vez desde que se iniciara la toma obrera, exigiendo la presencia de las autoridades de la mancomunidad de alcaldías. El alcalde de Libertador, Carlos León, se presentó en horas de la tarde y prometió a los trabajadores emprender acciones legales contra Sincreba y garantizar la seguridad en la planta. Emplazó a los trabajadores a retirarse, con la promesa de que el Estado resguardaría las instalaciones; en realidad ya es demasiado tarde para esta reacción, pues la magnitud de los destrozos y el robo impiden el trabajo en la planta. Pese al resguardo policial, los trabajadores denuncian que el martes y el miércoles los enviados de Sincreba continuaron accediendo a la planta.

Antecedentes

Esta no es la primera ocasión en que se realizan ataques armados en contra de los trabajadores. El 19 de Octubre se realizó otro desalojo parapolicial de la planta, como el punto culminante de los más de diez días en que los trabajadores fueron sitiados, resultando tres trabajadores heridos en el ataque. Tanto el prolongado asedio y bloqueo a la planta como su desalojo contaron con la complicidad abierta de los cuerpos policiales, y la indiferencia de la Defensoría del Pueblo y demás instituciones del Estado.

El 22 de Octubre, los trabajadores recuperaron el control de la planta. Ese día fueron agredidas las dirigentes obreras Sonia Mejías y Yaneth García por el grupo de choque del dueño de Sincreba, Ricardo Vielma. La madrugada del 11 de Noviembre, un grupo de encapuchados fuertemente armados amarró a los trabajadores que realizaban la guardia en la planta, torturando a uno de ellos y exigiendo que les indicaran dónde se encontraba la trabajadora Sonia Mejías. Todo esto fue denunciado oportunamente ante las autoridades competentes y ha sido publicado. Por la gravedad de los hechos, y ante la insistente presencia de Ricardo Vielma y Richard Uranga en la planta exigiendo que les permitieran retirar la maquinaria, se contactó en varias oportunidades a la alcaldía de Libertador para solicitar medidas de seguridad. Lamentablemente el clamor de los trabajadores sólo es atendido luego de que la planta ha sido saqueada y la violencia ha cobrado un nuevo herido. Pero ahora el resguardo no será para los trabajadores ni para gran parte de la maquinaria, pues los trabajadores han sido desalojados nuevamente por la violencia y la planta ha sido desmantelada. En la larga lista de bienes saqueados, se encuentran dos camiones 750 con tolva, implementos del sistema eléctrico de la planta, dos máquinas destrozadoras de plástico, dos máquinas peleteadoras, cuatro motores impulsores de las correas de selección, toneladas de plástico procesado y otros materiales clasificados por los trabajadores, soldadoras, cortadoras, repuestos de maquinaria, tornos, y herramientas. Además de esto, hay cuantiosos destrozos entre las maquinarias y bienes que no fueron sustraídos por Sincreba.

La responsabilidad de los crímenes cometidos en contra de los trabajadores y los bienes públicos recae sobre las alcaldías de la mancomunidad y la gobernación del estado Mérida.

¿La solución final?

Pese a la declaración posterior al saqueo, en la que el alcalde Carlos León asegura que emprenderán acciones en contra de la empresa, lo cierto es que la alcaldía a su cargo conocía con suficiente antelación las intenciones de Ricardo Vielma de sustraer la maquinaria, pues éste lo intentó fallidamente en varias oportunidades; asimismo conocía de las amenazas a la integridad física de los trabajadores. Si bien es cierto que Libertador es la única alcaldía que ha fijado posición públicamente sobre el asunto luego de la revocatoria de la concesión de Sincreba, el resultado concreto de la política aplicada por la mancomunidad de alcaldías es el que hoy apreciamos: la planta ha sido desalojada y saqueada, y la experiencia del control obrero ha sido interrumpida. Las alcaldías de Sucre, Campo Elías, Santos Marquina, y Rangel, han mantenido un silencio criminal frente a la situación de la planta desde hace aproximadamente un mes.




El paso que debía seguir a la rescisión del contrato con Sincreba era la entrega formal de la planta a los trabajadores organizados; sin embargo, la versión ofrecida por la alcaldía de Libertador fue que este proceso tomaría tres meses, lapso en el que se transitaría por una experiencia de cogestión. El saqueo del 19 de Noviembre demuestra el nulo grado de corresponsabilidad asumido por la mancomunidad en el resguardo de la planta, una propiedad pública cuya inversión asciende a más de 12 millardos de bolívares. Consideramos que esta situación no es accidental, estamos convencidos de que se debe a una decisión política de las autoridades. El resultado de la línea de acción de las autoridades es que la planta se encuentra inoperativa y los trabajadores han sido expulsados de ella por la fuerza. Existen fuertes indicios de que hay un cálculo frío detrás de esa línea de acción.

La edición del diario “Frontera” del 17 de Octubre presentó la siguiente declaración del alcalde Carlos León: “El tema es que nosotros no podemos garantizar que la planta vaya a durar en el tiempo, lo suficiente, toda vez que el Ministerio del Ambiente ha dicho que la planta no sirve, y que la solución al problema de la basura es un relleno sanitario”. El delegado de la Defensoría del Pueblo, quien se ha convertido en todo un activista antiobrero, se apresuró a secundar el planteamiento. (http://www.defensoria.gob.ve/detalle.asp?sec=20&id=855&plantilla=1)

Pese a que apenas un día después de esa declaración, el alcalde León Mora planteaba que Sincreba sería reemplazada por una empresa socialista conformada por los trabajadores, hoy podemos ver que los hechos recorren una dirección distinta, una que apunta hacia el cierre de la planta. Esa sería la venganza de los enemigos de los trabajadores, que no haya planta para que no haya control obrero.

Tomado de Las Letras del CLAN