En el marco de una delicada situación polí¬tica, cuando ocurren agudos conflictos sociales en diversos lugares del paí¬s, el movimiento sindical busca librar su propia jornada de protesta el miércoles 11 de julio próximo. Podrí¬a ser el momento cumbre de un proceso aluvional que se alimenta con el desengaño de las multitudes y la desesperación de un pueblo que comprueba una vez más su frustración.
La Confederación General de Trabajadores del Perú -la CGTP- ha programado, en efecto, una acción de lucha que se expresará de diversas maneras. En algunos casos, habrán paralizaciones laborales; en otros, movilizaciones de trabajadores, pronunciamientos y acciones de distinto nivel de combatividad acordes con el grado de organización y de conciencia alcanzado por los sindicatos. Pero en todos, la expresión común será el rechazo masivo a la polí¬tica gubernamental del Presidente Garcí¬a que insiste en remachar el modelo neo liberal que ha fracasado en el paí¬s y que es mayoritariamente repudiado por la población.
Los trabajadores de importantes sectores de la producción han sostenido prolongadas y sacrificadas huelgas en las últimas semanas. Uno de los conflictos más sonados en el periodo, ha sido el de la Minera Casapalca, un consorcio mixto de empresarios peruanos que, con capitales norteamericano explota un rico yacimiento de cobre y zinc en la zona central del paí¬s. Allí¬, las jornadas de trabajo son "atípicas", eufemística expresión que sirve para encubrir las más bárbaras formas de explotación humana que se expresan en doce y catorce horas diarias consecutivas de trabajo a cambio de un salario que no supera los 5 dólares y que debe solventar el alojamiento y la alimentación de los trabajadores y sus familiares a casi cuatro mil de altura sobre el nivel del mar.
Aunque los más altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, han expresado públicamente su adhesión formal a la casa obrera, el problema de casi mil trabajadores que han quedado sin empleo no se resuelve por la categórica negativa de la empresa a aceptar sus responsabilidades y la inopia de las autoridades competentes que, una vez más demuestren absoluta incapacidad para hacer cumplir la ley y proteger los derechos laborales de los trabajadores.
La minería en el Perú es una de las actividades más rentables. En el 2006, por ejemplo, las empresas incrementaron sus sobreganancias por encima de un 83% con respecto al año anterior. En cifras netas el monto equivalió a 10,200 millones de soles, es decir alrededor de 3,500 millones de dólares, que las empresas se llevarán virtualmente sin retribuir un centavo a sus trabajadores y aportando apenas el 5% de ese monto al Estado.
Porque la lógica de la sobre explotación campea impunemente en el sector minero, hoy hay también graves conflictos en Yanacocha, en Souther Cooper Corporation y en la empresa Mismimayo, filial del gigante brasileño Vale Do Rio Doce (Valle del Rí¬o Dulce) que se defiende de sus trabajadores contratando hampones armados, con la venia del Estado.
Pero no sólo los mineros afrontan severos problemas. También los obreros textiles, que hoy trabajan para la exportación de nuestros productos de manufactura al mercado exterior. En la empresa Topy Top, por ejemplo, una de las diez más grandes exportadoras de confecciones, laboran 5,000 obreros, pero sólo 93 de ellos decidieron integrar un sindicato. Hoy, apenas quedan 23 porque los demás sindicalizados han sido despedidos. Todos los obreros de la planta -la mayorí¬a mujeres menores de 20 años- trabajan jornadas de 12 y 14 horas sin remuneración alguna.
El Magisterio rechaza la imposición de la Ley de Carrera Docente, que constituye realmente una negación de la carrera docente por cuanto faculta a cualquier profesional a ejercer la docencia. Si una ley del servicio médico pretendiera facultar a cualquier profesional a ejercer la medicina, otra serí¬a la reacción de la sociedad: pero el magisterio es hoy una profesión devaluada, y el Gobierno se siente en el derecho de humillarla aún más afirmando la idea de que no se necesita ser Maestro para ejercer la docencia.
En el interior del paí¬s se viven momentos de convulsión extrema. En el oriente peruano, en la industriosa capital de la región Ucayali, la ciudad de Pucallpa permaneció once dí¬as virtualmente en manos de los pobladores que tomaron calles y plazas, pero también el aeropuerto de la localidad para evitar el arribo de efectivos policiales. Ayacucho la región donde impero la más cruel de las violencias en las últimas décadas del siglo pasado, se decretó un exitoso Paro los días 3 y 4 de julio. También lo estuvo la ciudad de Puno, en la frontera con Bolivia. La capital aymara recibió a pedradas -la semana pasada- al jefe del Estado y se niega a deponer su acción de fuerza en protesta por la séptima postergación del inicio de los trabajos de la carretera transoceánica.
En Tacna, Arequipa, Apurímac. Cusco, Huancayo y otras ciudades del paí¬s han ocurrido en los últimos dí¬as movilizaciones y paros en rechazo a la polí¬tica gubernamental que se reeditarán la semana que se inicia y que muestran también el repudio a la soberbia y la altaneí¬a oficial que insiste en considerar las luchas populares como "actos aislados" y reclamos "sin importancia".
A despecho de la versión palaciega, enormes multitudes se desplazan cotidianamente por numerosas ciudades del paí¬s. En la costa, la sierra y la selva, las multitudes se organizan sin una dirección centralizada y sin un comando orientador que alimente sus reclamos. No se trata, sin embargo, de acciones espontáneas, sino de la legí¬tima expresión de un pueblo que crece en calidad de lucha y en experiencia de combate.
Pareciera que el gobierno no repara aún en que está sentado en un caldero próximo a estallar.
Si a estos elementos objetivos del descontento social, le sumamos la carga emotiva que asoma ante los ojos de la población a partir del escándalo parlamentario ocurrido en el marco de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la permisividad con que se protege a mafiosos y corruptos, y la insolencia como determinadas autoridades - entre las que se incluye al mismo Presidente de la República- descalifican a las organizaciones en lucha; se tendrá un cuadro más completo de las dimensiones de la crisis que asoma en el escenario.
La Jornada de lucha del 11 de julio, para decirlo en palabras de Mario Huamán Rivera, el Secretario General de la CGTP se explica "sencillamente porque no hay una polí¬tica férrea de cumplir los compromisos electorales en materia laboral. Y también se debe a la coalición del gobierno con la derecha política y económica, y el fujimorismo, del que se tiene la herencia de una legislación laboral abusiva que ha precarizado el empleo a niveles alarmantes".
Es claro que en estos niveles de la confrontación social la demanda obrera se convierte en bandera de lucha de centenares de miles de peruanos, la sangre obrera riega la tierra y la clase dominante tiembla porque siente que el suelo se mueve bajo sus pies.
En las condiciones de hoy, la rueda ha comenzado ya a girar. Y la protesta popular podrí¬a alcanzar dimensiones aun mayores que las previstas. Porque lo sabe, el gobierno ajusta las tuercas de la represión. Ahora, nuevamente se ponen en acción los mecanismos punitivos del estado. Los carros rompe manifestaciones, los caballos nerviosos de la guardia de asalto, los disparos, las bombas contra las multitudes y la censura a la intelectualidad; se colocan a la orden del dí¬a como muestra del pavor que envuelve a los gobernantes, incapaces de comprender las legí¬timas razones de lo que aquí¬ bien puede denominarse la Rebelión de las Masas (fin)
(*) Del colectivo de Nuestra Bandera
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